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Estudio recomienda controlar el crecimiento del parque vehicular

El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno hacer una gestión cuidadosa y regulaciones específicas para controlar el crecimiento del parque vehicular en la República Dominicana.

La recomendación es parte del estudio “Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial”, que realizó esa entidad y que, según sus conclusiones, el aumento del parque vehicular se identifica como un factor de riesgo en el aumento de las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito que tiene el país.

Como parte de ese control, señala, se podrían incluir medidas como controles más estrictos en la emisión de nuevas licencias de conducir y la implementación de políticas que desincentiven la adquisición excesiva de vehículos, como servicios de transporte público más eficientes.

Para su estudio, basado en el análisis de modelos económico y de gobernanza, tanto nacionales como internacionales, se comparan datos aportados por la Organización Mundial de la Salud para los años 2011, 2013 y 2016.

5,810,888

Es el número de vehículos registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hasta diciembre del 2023. La suma indicó un aumento de 346,892 vehículos de nuevo ingreso, con relación al 2022.

Se analizaron variables como la relación causal entre el ingreso per cápita y la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito; discrepancias significativas en la tasa de mortalidad entre los países de ingresos medios en función de su nivel de institucionalidad y gobernanza, y el aumento del parque vehicular de motocicletas.

“El ingreso nacional bruto (GNI) del país tiene una correlación negativa con la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes. Según el modelo de efectos aleatorios, el aumento de 1 % en el GNI conlleva una disminución promedio de 1.82 en la tasa de fallecidos. En contraste, un aumento del 1 % en el número de vehículos eleva esta tasa en 1.79.”, dice.

Es por ello que el Defensor del Pueblo recomienda la promoción de políticas de seguridad vial adaptadas al contexto local, con enfoques que aborden las disparidades económicas en el desplazamiento, acceso a transporte y su asequibilidad.

Señala que las normativas, como la legislación sobre modificaciones de vehículos y el índice de seguridad de vehículos importados, son instrumentos claves en la reducción de tasas de mortalidad, por lo que ve necesario el fortalecer y aplicar rigurosamente estas regulaciones, así como implementar incentivos para la adquisición de vehículos más seguros.

“La institucionalidad emerge como un pilar fundamental en la garantía de la seguridad vial, al tiempo que la efectividad gubernamental y la gestión adecuada del crecimiento del parque vehicular sugieren reducciones significativas en las tasas de accidentes”, plantea.

En conclusión, el estudio resalta la conexión intrínseca entre la seguridad vial y la salvaguarda de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y al libre tránsito. “Al promover y garantizar la seguridad vial, se establece una base esencial para el disfrute pleno de estos derechos, contribuyendo al desarrollo de sociedades más equitativas y pacíficas”, asegura.

Tasa de fallecidos

“El ingreso nacional bruto del país tiene una correlación negativa con la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes. Según el modelo de efectos aleatorios, el aumento de 1 % en el GNI conlleva una disminución promedio de 1.82 en la tasa de fallecidos”.

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